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Carta No. 1

Resumen

20/08/08

El 11 de septiembre de 2001, los Estados de América aprobaron la Carta Democrática Interamericana (la Carta Democrática), donde se define qué es la democracia y se establece, en la cláusula democrática, un mecanismo para sancionar no solamente a los gobiernos que ascienden al poder sin elecciones, sino también a los gobiernos democráticamente electos que aprovechan dicha condición para violar los derechos humanos mientras aparentan legitimidad. Los artículos 3 y 17 al 21 de la Carta Democrática disponen un procedimiento formal para responder y sancionar a los Estados antidemocráticos que puede ser activado por el Secretario General de la OEA.

La HRF hace notar que los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela han venido violando sistemáticamente los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática, y que, con su inactividad, el Sr. Insulza no sólo incumple su mandato, sino que también parece simpatizar con el comportamiento de estos gobiernos.

Las violaciones incluyen: el cierre de uno de los principales canales de televisión en Venezuela y la estatización de tres estaciones transmisoras de televisión y radio en Ecuador; y más de 40 muertos en Bolivia como producto de la violencia política; la eliminación de la independencia del poder judicial en Venezuela y Bolivia, y el cierre del Congreso en Ecuador; además de la creciente persecución política y los discursos gubernamentales que incitan a la violencia en esos tres países.

Lee la carta completa aquí.

Carta No. 2

15/10/08

Resumen

Esta carta se centra en la eliminación de la independencia del poder judicial en Bolivia, Ecuador y Venezuela. En cada país, diferentes estrategias han servido para un mismo fin: permitir al poder ejecutivo ejercer control sobre el poder judicial.

En Bolivia, el presidente Morales aprobó una medida que redujo los salarios de los jueces en un 40%, razón por la cual renunciaron cinco de los 10 magistrados del Tribunal Constitucional. A los magistrados que quedaban se les siguió un juicio por haber declarado inconstitucional un decreto presidencial que designaba a cuatro jueces de la Corte Suprema. Cuatro de los magistrados restantes renunciaron, por lo que quedó una única magistrada en el Tribunal Constitucional. Debido a estas acciones, el tribunal de mayor jerarquía de Bolivia no puede funcionar.

La eliminación de la independencia del Tribunal Constitucional en Ecuador fue aún más rápida. El órgano electoral emitió una resolución que suspendió a 57 de los 100 diputados. El Congreso, ahora controlado por el partido del presidente Correa, decidió destituir a los nueve magistrados del Tribunal Constitucional que se habían opuesto a la suspensión de los parlamentarios. Una semana después, el Congreso designó a los nuevos magistrados.

En Venezuela, el presidente Chávez, que tenía la mayoría simple de los votos en la Asamblea Nacional, dictó una ley según la cual aumentó el número de los magistrados del Tribunal Supremo de 20 a 32 y estableció que tanto su nombramiento como su destitución procederían por simple mayoría de los votos del Congreso. Esta ley violaba lo establecido expresamente en la Constitución venezolana, según la cual los magistrados sólo podrían ser removidos por las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. El partido de gobierno luego destituyó a todos los magistrados independientes y nombró magistrados acólitos del presidente Chávez.

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Carta No. 3

18/11/08

Resumen

En esta carta, la HRF denuncia las violaciones más flagrantes a la libertad de expresión, como cierres de canales de televisión y emisoras de radio, y agresiones a periodistas, muchas veces incitados por los mismos presidentes de Estados miembros de la OEA.

En Bolivia, a los discursos del presidente Morales en los que llama a los periodistas “enemigos” y “amigos del imperio”, le siguen ataques físicos a los periodistas y medios de comunicación por parte de los movimientos sociales seguidores.

En Ecuador, el presidente Correa se ha referido a la prensa de su país como “miseria humana” y los ha calificado de “calumniadores” y de ser su opositor principal. El 8 de julio de 2008, el gobierno ecuatoriano confiscó arbitrariamente tres canales de televisión (TC Televisión, Cable Visión y Gamavisión).

En Nicaragua el presidente Ortega es el principal incitador a las persecuciones y agresiones contra periodistas y medios de comunicación a cargo de los “camisas azules”, grupo que forma parte de las fuerzas de seguridad del Presidente. Desde diciembre de 2007 se han reportado al menos dos casos de periodistas agredidos por los “camisas azules”.

En Venezuela, las amenazas del presidente Chávez se han materializado a través del cierre del canal de televisión RCTV en el 2007. Las intimidaciones y agresiones verbales contra la prensa por parte del ejecutivo han continuado, mientras que los periodistas que se oponen al gobierno son perseguidos y atacados físicamente por grupos oficialistas.

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Carta No. 4

26/2/09

Resumen

La cuarta carta de la HRF enumera los ataques que han servido para erosionar la independencia del Poder Legislativo en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

En Bolivia, los seguidores del presidente Morales han instalado “cercos” en edificios gubernamentales, creando barreras físicas que impiden a congresistas opositores ingresar para votar sobre medidas impulsadas por el oficialismo. En febrero de 2008, por ejemplo, los llamados “movimientos sociales” impidieron la entrada de varios congresistas a una sesión del Congreso donde se aprobaron los términos del referéndum constitucional propuestos por el Presidente. Tres congresistas fueron agredidos en las afueras del Congreso.

En Ecuador, después de que una elección decidiera que la Asamblea Constituyente, creada para redactar una nueva constitución, estaría compuesta en su mayoría por miembros del partido del presidente Correa, el Presidente declaró: “Con el Congreso es muy difícil actuar y creo que el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano ha sido contundente: el Congreso tiene que irse a la casa.” La Asamblea Constituyente disolvió el Congreso, controlado por la oposición, en noviembre de 2007. Desde entonces, el control del poder legislativo se ha mantenido en las manos del partido del presidente Correa.

En Venezuela, la Asamblea Nacional (controlada por el partido del Presidente) otorgó poderes legislativos al presidente Chávez en enero de 2007. Esto le permitió al Presidente dictar 41 decretos-leyes. En noviembre de 2000, se le otorgó al Presidente poderes similares que le permitieron dictar 49 decretos con fuerza de ley.

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Carta No. 5

21/04/09

Resumen

La quinta carta de la HRF solicitó al Secretario General que se abstuviera de promover la violación de la Carta Democrática, en relación a sus declaraciones de que “pediría” a los Estados Miembros de la OEA que “eliminen” la resolución “obsoleta” que en 1962 excluyó a Cuba de la OEA.

El artículo 19 de la Carta Democrática prohíbe la participación de un gobierno antidemocrático en los órganos de la OEA, y el gobierno de Cuba no cumple con ninguno de los elementos esenciales de la democracia establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática.

En relación al requisito de “respetar los derechos y libertades fundamentales”, siete informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncian que el actual gobierno cubano ha perpetrado un sinnúmero de ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra hombres y mujeres, perseguidos y encarcelados por motivos políticos. En cuanto a la libertad de prensa, informes especializados señalan que, después de China, Cuba tiene la mayor cantidad de periodistas encarcelados y que la censura de la prensa en ese país está entre las más altas del mundo, junto a Corea del Norte y Libia.

En cuanto a los requisitos de mantener elecciones democráticas, un régimen plural de partidos y respetar el Estado de derecho, el pueblo cubano no ha tenido la posibilidad de elegir democráticamente a sus líderes desde 1948, antes de que accedieran al poder por la fuerza los gobiernos antidemocráticos de Fulgencio Batista, hasta 1959, y de Fidel Castro, hasta hoy. Cuba también mantiene un régimen de partido único, según el cual todo el poder se concentra en el Partido Comunista presidido hasta hoy por Fidel Castro, y en el Consejo de Estado que se encuentra efectivamente por encima de los poderes legislativo y judicial, y que fue presidido por Fidel Castro hasta el año 2006.

Esta situación, según la Carta Democrática, “constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable” para la participación del gobierno de Cuba en los órganos de la OEA.

Lee la carta completa aquí.

Informe legal: “Los hechos y el derecho detrás de la crisis democrática de Honduras”

Recientemente, Insulza activó la cláusula democrática durante la crisis en Honduras. La HRF fue una de las primeras organizaciones internacionales en denunciar el golpe de Estado y pedir que se suspenda al Estado hondureño de la OEA. En aquella oportunidad, la HRF se comprometió a investigar la crisis minuciosamente con la finalidad de determinar exactamente lo ocurrido, e individualizar a los responsables. Las conclusiones del informe fueron:

• A lo largo de la crisis democrática en Honduras, la OEA actuó como un agente internacional del Poder Ejecutivo de Honduras y no como una organización que debe promover y proteger la democracia en sus Estados miembros. Durante la crisis democrática en Honduras, se produjeron tres hechos antidemocráticos que, en aplicación de los arts. 17 al 21 de la Carta Democrática, deberían haber provocado la acción de la OEA: (1) la erosión de la democracia a cargo del Poder Ejecutivo; (2) un golpe de Estado a cargo de las FF. AA.; y (3) la destitución inconstitucional a cargo del Congreso o golpe de impeachment.
• Frente a la erosión de la democracia a cargo del presidente Zelaya, la OEA actuó incorrectamente porque, en vez de activar la cláusula democrática contra él, decidió “acompañarlo” en su “acto político” y le envió una “Misión de Acompañamiento” que provocó la condena del Congreso y que agudizó la crisis de Honduras. Frente al golpe de Estado a cargo de las FF. AA., la OEA actuó correctamente en activar la cláusula democrática y condenar esta acción, pero actuó incorrectamente en sus gestiones diplomáticas para revertirlo. Frente al golpe de impeachment a cargo del Congreso, la OEA no actuó correctamente porque ni lo condenó ni llevó adelante gestiones diplomáticas para revertirlo. La OEA también actuó incorrectamente al no haber promovido y observado las elecciones del 29 de noviembre, como medio para facilitar el restablecimiento de la democracia en Honduras.
• La OEA en ningún momento, ni antes ni después del 28 de junio, reconoció las acciones antidemocráticas del presidente Zelaya, ni ofreció sus buenos oficios al Congreso y la Corte Suprema de Honduras para facilitar el juzgamiento del presidente Zelaya por vías constitucionales, y así evitar que el golpe de Estado se consolide, evitar que se produzca un golpe de impeachment, y evitar que la Corte Suprema termine validando estos hechos antidemocráticos. Al contrario, hasta la fecha la OEA ha mantenido su línea de acción previa al 28 de junio, actuando no como un garante de la democracia, sino como el agente de un Poder Ejecutivo antidemocrático.
• Si durante la erosión de la democracia, la Secretaría General y el Consejo Permanente hubieran actuado de conformidad con sus obligaciones, es razonable pensar que la acción de la OEA hubiera tenido un efecto disuasivo y que tanto la erosión de la democracia, como el golpe de Estado y el golpe de impeachment de 28 de junio, así como la validación de estos hechos antidemocráticos a cargo de la Corte Suprema el 30 de junio, habrían sido evitados. Sin embargo, lastimosamente, a lo largo de la crisis democrática en Honduras, la OEA actuó como un agente internacional del presidente Zelaya y no como una organización internacional que debe promover y proteger la democracia en sus Estados miembros.

Lee el informe completo aquí.